Más trabas, menos empleo: la reforma laboral que excluye

El texto aprobado en cuarto debate en plenaria de la reforma laboral promete más dignidad y formalización. Pero detrás de sus buenas intenciones, esconde medidas que aumentan la rigidez, penalizan el emprendimiento y excluyen aún más a quienes ya están al margen.

En Colombia, la informalidad laboral no es la excepción: es la regla. Es la forma natural y espontánea que encuentran los colombianos para ganarse la vida. Según cifras del DANE (mayo de 2025), el 57% de los trabajadores son informales —13,3 millones de personas— mientras que apenas el 43% accede a un empleo formal. Esta realidad golpea con más fuerza a regiones como la Costa Atlántica y a ciudades como Sincelejo, Riohacha, Valledupar, Montería y Santa Marta, junto con Popayán, Cúcuta y Quibdó.

En este contexto, la reforma laboral recientemente aprobada no propone un camino hacia la inclusión. Por el contrario, expulsa del marco legal a quienes no puedan asumir el costo de ser legales y profundiza la informalidad en quienes no han podido con la ley anterior. Es una reforma que lejos de cerrar brechas, las ensancha, expulsando a los más pobres del sistema legal. Expulsa incluso a quienes sostienen el día a día: el panadero, el mecánico, el electricista, el transportador. A continuación cuatro razones por las cuales resultará inconveniente su aprobación.

• Contratar será más caro y complicado

La reforma impone condiciones que solo unos pueden cumplir, convirtiéndose en una forma de discriminación política. Se restringen las formas de contratación —especialmente a término fijo o por obra/labor— y se impone como estándar el contrato a término indefinido (Artículos 5 y 6). Esta rigidez ignora la realidad de millones de microempresarios y emprendedores que dependen de la flexibilidad para adaptarse a ingresos variables, ciclos económico o innovaciones tecnológicas.

La protección reforzada a grupos específicos —pre-pensionados, mujeres embarazadas, jóvenes, aprendices SENA, personas con discapacidad— parece positiva, pero en la práctica puede tener un efecto contrario: desincentiva su contratación o acelera su despido al aumentar sus costos en las empresas.

• Más sanciones, menos estímulos

En lugar de facilitar el cumplimiento de la ley, la reforma opta por la imposición sancionatoria. Establece la contratación obligatoria de aprendices del SENA (Artículo 25) a empresas de 20 o más empleados, bajo sanciones que van desde el 75% hasta el 100% de un SMLMV por aprendiz no contratado. Esto sin considerar si la oferta de aprendices se ajusta a su actividad. El SENA cuesta más de $6,2 billones al año, equivalente al 60% del presupuesto de toda la Rama Judicial y cercano al 90% de lo que cuesta la Fiscalía General (MinHacienda, PGN, Diciembre 2024).

El único viso de flexibilidad laboral entre contrato y horas fue desestimado por el Senado, el pago de seguridad social a tiempo parcial se eliminó, restringiendo la posibilidad de trabajadores independientes, múltiples contratos, flexibles y a tiempo parcial tan solicitados en este tiempo. Entre los artículos 26 al 32, se regula el trabajo en plataformas como Rappi o Didi como si fueran empleadores directos, desconociendo la autonomía de quienes han encontrado en estas alternativas una vía de ingreso. Se castiga un sector que ha sido refugio de migrantes y excluidos del mercado formal en ley anterior.

Esto restringe las posibilidades de cotización, envía a más personas al régimen subsidiado, agravando el problema de salud y pensional. Ha sido irresponsable en Congreso de la República en tratar por separado la reforma laboral, la de salud y la pensional. Ahora los tres sistemas —salud, pensión y trabajo— avanzan con reglas diferentes, aunque se alimentan del mismo bolsillo de la contribución obligatoria.

La reforma impone límites estrictos a los horarios y recargos en horas extras y trabajo dominical (Artículos 12 y 14), afectando directamente sectores como BPO, vigilancia, gastrobares, transporte, turismo y teletrabajo. También se establece un proceso disciplinario interno engorroso (Artículo 7), que incluye actas, acompañantes sindicales y pruebas, burocratizando la gestión del recurso humano.

• Gasto público sin respaldo

La reforma introduce nuevas obligaciones fiscales para financiar contratos laborales del internado médico vía Adres, subsidios para empleo incluyente (25 SMLMV por contratar jóvenes, mujeres o mayores de 50 años), programas de empleos verdes y azules para promover sostenibilidad, transición energética y conectividad digital. Estas medidas implican mayor gasto público, que deberá ser financiado con más impuestos o endeudamiento, sobre unas finanzas públicas deficitarias.

En resumen, el legislador pretende decidir quién puede trabajar, cómo y bajo qué condiciones, pero no tiene la información, ni la capacidad para gestionar millones de acuerdos laborales legítimos que surgen espontáneamente en la sociedad.

Esta no es una reforma laboral que fomente la ocupación del siglo XXI. Es una legislación que impone más trabas, más rigidez y más costos. Penaliza la iniciativa, desincentiva la formalización y convierte al empleador en sospechoso. En vez de integrar a los millones de trabajadores informales, los condena a seguir en los excluidos. Colombia necesita una reforma laboral que confíe en sus ciudadanos, que dinamice, que abra las puertas del sistema legal, no que las cierre con cerrojo.

Autora

Katherine Flórez Pinilla, Docente investigadora del Departamento de Derecho Económico.

Referencias

DANE (mayo de 2025) Boletín técnico Ocupación informal – Trimestre enero – marzo 2025 https://www.dane.gov.co/files/operaciones/GEIH/bol-GEIHEISS-ene-mar2025.pdf

Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Diciembre de 2024) Decreto 1523 del 18 de diciembre de 2024 https://www.presidencia.gov.co/Documents/241219-Decreto-1523-18-dic-MinHacienda.pdf