El costo territorial de la descertificación: economía de la coca y comunidades vulnerables en Colombia

Recientemente, Estados Unidos descertificó a Colombia en su lucha contra el narcotráfico por primera vez desde 1997. De acuerdo con el Departamento de Estado de EE.UU., esta decisión se basó en la evaluación de que el país no cumplió “demostrablemente” con sus obligaciones internacionales, considerando para ello, un crecimiento récord en los cultivos de coca, un aumento sostenido en la producción de cocaína y esfuerzos de erradicación considerados insuficientes.

Más allá de su carga simbólica en el plano político y diplomático, la descertificación supone implicaciones económicas y sociales de gran alcance. Sin embargo, sus efectos más profundos no se reflejan únicamente en indicadores nacionales, sino en el impacto que genera en los territorios más vulnerables. En regiones donde la economía local depende de actividades ilícitas y la presencia estatal es limitada, esta medida puede intensificar las condiciones de precariedad y exclusión social.

La certificación antidrogas (drug certification) es un mecanismo del gobierno estadounidense regulado por leyes como el Foreign Assistance Act, que evalúa la cooperación de los diferentes países en la lucha contra el narcotráfico. El incumplimiento de estos puede conllevar la pérdida de beneficios como ayudas económicas, cooperación internacional o respaldo político. No obstante, este enfoque omite una dimensión crítica ¿qué ocurre en los territorios donde la economía local se sostiene principalmente en la producción de pasta de coca como medio de intercambio para acceder a bienes y servicios?

La descertificación puede tener efectos directos sobre estas comunidades, al reducir la llegada de ayudas externas o al deslegitimar aún más la ya frágil presencia estatal. Un ejemplo ilustrativo ocurre en el municipio de Tibú, en Norte de Santander, donde el valor de la pasta de coca funciona como moneda de cambio e indicador del costo de la canasta básica familiar. Esta dinámica revela una realidad profundamente distinta a la que presentan los análisis macro que suelen dominar el debate sobre el control del narcotráfico.

Fotografía créditos de Camila Morales López

Según datos de Naciones Unidas, los cultivos de coca en Colombia alcanzaron las 253.000 hectáreas en 2023, el nivel más alto en dos décadas (UNODC, 2023). Además, en 2023 la producción potencial de cocaína aumentó entre un 50 % y 53 % respecto a 2022 (Acosta, 2024). Este crecimiento ha detonado fuertes críticas hacia el gobierno colombiano, especialmente por la política de reducción en los programas de erradicación forzosa y la implementación de estrategias alternativas aún incipientes.

Los efectos de la descertificación se pueden clasificar en tres dimensiones. Primero, una dimensión económica representada en recortes a la cooperación internacional, aumento del riesgo país, afectaciones a la inversión extranjera y posibles barreras comerciales. Una dimensión política referida al deterioro de la relación bilateral con Estados Unidos, pérdida de influencia en escenarios diplomáticos y restricciones en organismos multilaterales, y finalmente una dimensión social relacionada con el debilitamiento de programas de sustitución de cultivos, aumento de la presión sobre comunidades rurales y mayor riesgo de violaciones a derechos humanos.

Sin embargo, para comprender plenamente el alcance de estos efectos, es fundamental incorporar la perspectiva territorial. En espacios como la región del Catatumbo, los efectos de la descertificación no se limitan a las tres dimensiones mencionadas, sino que se traducen en una mayor desprotección de comunidades como la de Tibú.

Por un lado, las cifras nacionales encuentran su expresión más dramática en los territorios. Tibú es el municipio con la mayor extensión de coca sembrada en Colombia, equivalente a más de 20.000 hectáreas en 2022. La economía local depende en gran medida del cultivo y raspado de coca, actividad en la que también participan miles de migrantes venezolanos en condiciones de extrema vulnerabilidad (El Espectador, 2022).

Por otro lado, en este contexto, la descertificación deja de ser una abstracción pues, puede implicar una reducción de los recursos destinados a proyectos de desarrollo alternativo y, en consecuencia, un incremento de la presión sobre los “raspachines”, como se les conoce a los trabajadores que recolectan la hoja de coca en Tibú. De esta manera, la descertificación puede reforzar el círculo de pobreza, ilegalidad y violencia que caracteriza a estos territorios.

En definitiva, la descertificación no solo representa un revés diplomático o político para el gobierno colombiano, sino que también puede profundizar las desigualdades estructurales en regiones históricamente marginadas. Por tanto, para abordar este fenómeno de manera integral, es necesario que las políticas internacionales consideren las realidades locales y promuevan enfoques que fortalezcan el tejido social y económico de las comunidades más afectadas en los territorios.

Fotografías créditos de Camila Morales López.

Bibliografía

Acosta, L. J. (2024, 18 de octubre). Colombian coca leaf farming hit two-decade high in 2023, UN says. Reuters. https://www.reuters.com/world/americas/colombian-coca-leaf-farming-hit-two-decade-high-2023-un-says-2024-10-18/

El Espectador. (2022).Migrantes venezolanos en Colombia y la crisis de los “raspachines” de coca en Tibú. El Espectador. Recuperado de https://www.elespectador.com/colombia-20/migrantes-venezolanos-en-colombia-y-la-crisis-de-los-raspachines-de-coca-en-tibu/

Mejía, D., & Restrepo, P. (2016). Política antidrogas en Colombia: éxitos, fracasos y extravíos. Universidad de los Andes.

Isacson, A. (2021). Fumigation, forced eradication, and U.S. drug policy in Colombia. Washington Office on Latin America (WOLA). https://www.wola.org/

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). (2023). Colombia: Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2022. UNODC. https://www.unodc.org/