La evidencia disponible

Sorprende la forma como, aún en épocas de catástrofe sanitaria, países como Colombia no logran asumir posturas coherentes con la realidad nacional, regional y global. La argumentación que se avanza en torno a la búsqueda de soluciones consensuadas respecto del conjunto de cuestiones técnicas implícitas en la propuesta de India y Sur África en el seno de la OMC cae en el cinismo, más aún, cuando la evidencia que se demanda aparece día a día desplegada en las desesperantes cifras de contagios, muertos y la profundización de la crisis económica como consecuencia de la pandemia.

La claridad de una propuesta que permitiera a los países en desarrollo desplegar sus capacidades de producción locales para facilitar la producción masiva y la distribución eficaz de vacunas y tratamientos relacionados con el SARS-Covid 19 ha terminado empantanada en la discusión bizantina sobre sí lo importante es el acceso garantizado por quienes actualmente detentan algún derecho de exclusividad o la creación de posibilidades para lograr que quienes estén en condiciones de desarrollar capacidades de producción puedan hacerlo, levantado las barreras que suponen la protección de los DPI. [1]

Lo que debió ser una discusión enfocada en habilitar la colaboración entre empresas y estados para permitir la replicación de la producción, lograr la reducción de los costos y mejorar la logística global facilitando la recuperación de la economía global, terminó en la letanía habitual de referencias a los mecanismos y flexibilidades existentes en materia de DPIs y de cómo su utilización puede eventualmente afectar los estímulos a la innovación del sector farmacéutico.[2]

Lo que parece quedar fuera del radar es la evidencia flagrante de que la variedad de vacunas existentes, lograron ser desarrolladas y probadas en tan solo un año,[3] lo cual dejó al descubierto que los plazos para el desarrollo de estos productos –normalmente estimados alrededor de 10 años– puede hacerse ostensiblemente más corto cuando la disponibilidad de información, fondos y capacidades tecnológicas de los Estados logra ser articulada en torno a la creación de bienes públicos globales. Es decir, lo verdaderamente inocultable, es que el rol de la cooperación científica entre los estados en la protección de la salud resultó ser tan esencial como otros tipos de cooperación que se dan en torno a temas de seguridad nacional o a políticas de regulación financiera y fiscal encaminadas a combatir el lavado de activos o actividades que financian el crimen transnacional.

Lo que se viene haciendo evidente e irreversible es sin duda, una revisión del paradigma de tercerización que llevó a abandonar hace décadas la fabricación local de productos esenciales como las vacunas y a garantizar que la cooperación tecnológica, basada en una nueva percepción del riesgo, permita avanzar hacia un nuevo concepto de innovación, interpretado ya no en beneficio de unos cuantos inversionistas sino como uno de los múltiples pilares en los que tendremos que sustentar los retos del cambio climático y demás desafíos globales.

Autor:
Guillermo Rodrigo Corredor  Castellanos
Docente investigador
Departamento de Derecho Económico

Referencias:

[1] Ver: https://www.wto.org/french/tratop_f/covid19_f/vaccine_report_f.pdf

[2] Ver: https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/trip_11mar21_e.htm

[3] Ver: https://www.biospace.com/article/a-timeline-of-covid-19-vaccine-development/